Municipalidad de La Serena declara que hay $2 mil millones de deuda incobrable


El Concejo Municipal solicitó además que se informe semestralmente para realizar una cobranza oportuna.

Más de 2 mil millones de pesos era el monto que la Municipalidad de La Serena esperaba recibir por el pago de patentes comerciales que –en muchos casos- se mantenía pendiente desde la década del 90.

Dichas deudas, declaradas como incobrables durante este mes, correspondían a empresas que no habían informado sobre el término de su giro de su negocio o porque sus únicos dueños habían fallecido.

Según detalló el concejal Ramón González, el interés  por transparentar los recursos de los que realmente dispone ahora y en el futuro la municipalidad no es una iniciativa aislada sino que “es el resultado de un trabajo desarrollado conjuntamente con la Contraloría y la Municipalidad de La Serena”.

La gestión a través de la cual se declaran incobrables este conjunto de deudas permitirá tener mayor claridad sobre los recursos que se esperan recibir y así no generar falsas expectativas.

Por ello y con el fin de evitar el resurgimiento de esta problemática, el Concejo Municipal de La Serena solicitó que se informará de manera semestral la situación en la que se encuentran las patentes comerciales de las empresas locales a fin de realizar las cobranzas de manera oportuna.



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Discuten pago del Bono SAE en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados


El alcalde Claudio Rentería participó en esta instancia como Vicepresidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la región de Coquimbo, donde se trató el tema del conocido Bono SAE, que están luchando los profesores y que los municipios del país aseguran que ya cancelaron, pero la Corte Suprema determinó lo contrario.

Un ardua discusión hubo en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre la Ley 19.933 o conocida también como el Bono SAE, que ha sido una lucha del gremio de los profesores. En este sentido, la Asociación Nacional de Municipalidades asegura que los municipios cancelaron estos dineros, a través del mejoramiento de los sueldos de los docentes, mediante el método de incremento en el costo de las horas en aula. Si bien, este pago fue corroborado por la Contraloría General de la República, quienes dieron el visto bueno al procedimiento, tras una serie de análisis, el Colegio de Profesores inició acciones judiciales y finalmente la Corte Suprema decidió que el pago no había sido realizado y que existía una deuda de parte de los sostenedores del país con los docentes. Esta decisión hecho por borda lo determinado por el ente contralor, lo que inició una situación complicada entre organismos del Estado, los municipios del país y el gremio de los profesores.

Esta discusión fue el tema central de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, donde estuvo presente la presidenta del Consejo de Defensa del Estado, María Eugenia Manaud, el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Felipe Delpín y el vicepresidente del Capítulo IV de la región de Coquimbo, el alcalde Claudio Rentería. En esta instancia se discutió cuál será la procedencia de los dineros para pagarles a los profesores, ya que la suma a nivel país bordearía los 500 mil millones de pesos. En el caso de Ovalle la cifra superaría los 3.900 millones de pesos, lo que, claramente, daña cualquier presupuesto establecido.

El presidente de la Comisión de Educación, Rodrigo González, indicó que en la sesión “se acordó advertir al Gobierno de la gravedad de esta situación que se está viviendo en los municipios, especialmente con aquellos que tienen juicios ejecutoriados y que de demorarse en una intervención, la situación puede incluso ser más grave, generando una crisis en el presupuesto y afectando a cada una de sus comunidades. Por eso estamos pidiendo al Gobierno un proyecto de ley que permita venir en ayuda de los municipios que están con problemas y que no tengan los recursos, para resolver los fallos judiciales y para hacer la interpretación de una ley, respetando el espíritu que tuvo el legislador y para que no haya doble interpretación”.

El alcalde Claudio Rentería sostuvo que “estamos de acuerdo con la determinación que tomó la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de ir en ayuda de los municipio que han perdido los juicios, porque es un tema muy complicado. En el caso particular de Ovalle serían más de 3.900 millones de pesos que debería cancelar nuestro departamento de Educación. Por eso nosotros estamos trabajando con nuestros asesores jurídicos, para determinar que todos los recursos entregados por el Gobierno fueron traspasados a los profesores”.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar afirmó que “nosotros sostuvimos que no se pueden desconocer en un estado de derecho, los fallos ejecutoriados, como profesores recurrimos a los tribunales en una decisión que no compartimos con la Contraloría y los fallos nos dieron la razón y procede el pago. Lo que si concordamos nosotros, con los alcaldes, es que el Estado no puede desentenderse de este problema, porque si en otro momento ha ido en ayuda de los bancos por ejemplo, porque no puede ir en ayuda de los municipios, si son propios del aparato del Estado”.

Se espera que en los próximos días, el Ejecutivo se manifieste frente a este tema, que afecta a los profesores y municipios del país.



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